Es más que probable que muchos/as de nosotros/as no seamos conocedores de la normativa y legislación vigente, en cuanto a inclusión educativa se refiere, pero durante esta semana hemos tenido la oportunidad de aprender un poquito más sobre el marco legal que nos ampara. En este sentido, nuestro grupo fue uno de los encargados de trabajar los artículos y epígrafes de diferentes documentos oficiales, tanto de ámbito nacional como internacional.
Desde el marco legislativo europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, sienta las bases para toda medida y estrategia que garantice el bienestar personal y social de todas las personas con diversidad funcional. El principio acordado para lograr ese objetivo es la supresión de barreras en la sociedad, no sólo en educación, sino en diversos ámbitos, como el de accesibilidad, participación, igualdad, empleo, protección social, sanidad, acción exterior, y el que nos atañe, educación y formación.
En lo que al ámbito educativo se refiere, los Estados Miembros acuerdan la necesidad de garantizar una educación inclusiva para todos los/las alumnos/as, independientemente de si son poseedores de algún tipo de diversidad funcional o no. Para ello, se ha de facilitar el acceso a centros ordinarios, así como brindar los apoyos necesarios que este tipo de alumnado demande para lograr un óptimo desarrollo personal. Asimismo, se recalca la importancia de la formación y del apoyo del profesorado y de especialistas.
Aparentemente, parecen objetivos de aplicación sencillos, pero, ¿cuántos de nosotros/as hemos visto cambio en los sistemas educativos que garanticen un derecho fundamental como es el de la educación? Es lamentable observar la cantidad de barreras que aún en pleno siglo XXI seguimos colocando, dificultando el desarrollo y el bienestar de las personas con diversidad funcional. Pero lo peor es que, pese a existir (afortunadamente) Estrategias, Tratados, y demás acuerdos internacionales donde se pretenda erradicar la exclusión, son pocas las Leyes Educativas que amparan y apoyan la verdadera inclusión en las aulas y centros. En efecto, nos referimos a nuestra Ley Orgánica para la “Mejora” de la “Calidad” Educativa (LOMCE), aprobada en el 2013. Y sí, entrecomillamos “Mejora” y “Calidad” porque seguimos cuestionando el qué mejora y en qué y a quién aumenta la calidad del aprendizaje.
Esta fue la Ley de ámbito nacional que nos tocó analizar, encontrando escasas menciones y pinceladas de inclusión educativa. Estos pequeños tintes están enmascarados por el valor del mérito y el talento.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que el fomento de la inclusión, pese a no ser polo opuesto del talento, no es la mejor vía para conseguirla. Es ilógico hablar de heterogeneidad del alumnado, de diversidad en las aulas y realizar unas pruebas obligatorias a todos/as los/las alumnos/as, sin tener en cuenta sus capacidades. Lo único que se fomenta es la competitividad y el individualismo, valores que chocan directamente con la inclusión.
Consideramos que esta Ley se centra en aspectos únicamente profesionales, es decir, tiene el objetivo de formas personas competentes en sus puestos de trabajo, en definitiva, ciudadanos/as que generen dinero al Estado, olvidando completamente el crecimiento personal y valores que fomenten la justicia social. Es por ello que abogamos por la derogación de esta Ley, apostando por un gran pacto por la educación, donde de una vez por todas se tenga en cuenta que el/la alumno/a debe ser el centro de todo el proceso educativo y que somos nosotros/as los/las que hemos de estar a su servicio.
En lo que al ámbito educativo se refiere, los Estados Miembros acuerdan la necesidad de garantizar una educación inclusiva para todos los/las alumnos/as, independientemente de si son poseedores de algún tipo de diversidad funcional o no. Para ello, se ha de facilitar el acceso a centros ordinarios, así como brindar los apoyos necesarios que este tipo de alumnado demande para lograr un óptimo desarrollo personal. Asimismo, se recalca la importancia de la formación y del apoyo del profesorado y de especialistas.
Aparentemente, parecen objetivos de aplicación sencillos, pero, ¿cuántos de nosotros/as hemos visto cambio en los sistemas educativos que garanticen un derecho fundamental como es el de la educación? Es lamentable observar la cantidad de barreras que aún en pleno siglo XXI seguimos colocando, dificultando el desarrollo y el bienestar de las personas con diversidad funcional. Pero lo peor es que, pese a existir (afortunadamente) Estrategias, Tratados, y demás acuerdos internacionales donde se pretenda erradicar la exclusión, son pocas las Leyes Educativas que amparan y apoyan la verdadera inclusión en las aulas y centros. En efecto, nos referimos a nuestra Ley Orgánica para la “Mejora” de la “Calidad” Educativa (LOMCE), aprobada en el 2013. Y sí, entrecomillamos “Mejora” y “Calidad” porque seguimos cuestionando el qué mejora y en qué y a quién aumenta la calidad del aprendizaje.
Esta fue la Ley de ámbito nacional que nos tocó analizar, encontrando escasas menciones y pinceladas de inclusión educativa. Estos pequeños tintes están enmascarados por el valor del mérito y el talento.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que el fomento de la inclusión, pese a no ser polo opuesto del talento, no es la mejor vía para conseguirla. Es ilógico hablar de heterogeneidad del alumnado, de diversidad en las aulas y realizar unas pruebas obligatorias a todos/as los/las alumnos/as, sin tener en cuenta sus capacidades. Lo único que se fomenta es la competitividad y el individualismo, valores que chocan directamente con la inclusión.
Consideramos que esta Ley se centra en aspectos únicamente profesionales, es decir, tiene el objetivo de formas personas competentes en sus puestos de trabajo, en definitiva, ciudadanos/as que generen dinero al Estado, olvidando completamente el crecimiento personal y valores que fomenten la justicia social. Es por ello que abogamos por la derogación de esta Ley, apostando por un gran pacto por la educación, donde de una vez por todas se tenga en cuenta que el/la alumno/a debe ser el centro de todo el proceso educativo y que somos nosotros/as los/las que hemos de estar a su servicio.
